JAÉN.- La Asociación Stop Biometano Alcalá la Real y Aldeas presentó el pasado 9 de agosto ante el Ayuntamiento de Alcalá la Real una solicitud formal para que los servicios técnicos y jurídicos municipales emitan, con carácter urgente, un informe urbanístico complementario, actualizado e integrador sobre el proyecto de planta de biometanización denominado «Jaén I» o «Santa Ana», actualmente sometido al procedimiento de Autorización Ambiental Integrada AAI/JA/138.
La petición se fundamenta en que, desde el año 2023, se han emitido distintos pronunciamientos urbanísticos sobre el proyecto, en momentos diferentes y con referencia a distintas parcelas, mientras que tanto la configuración del proyecto como el marco urbanístico y los criterios interpretativos aplicables han evolucionado.
Entre los elementos que la asociación considera que deben tenerse en cuenta se encuentra la Instrucción 1/2025, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Junta de Andalucía, sobre la implantación en suelo rústico de actuaciones vinculadas a las energías renovables. Esta instrucción diferencia las infraestructuras de generación de energía renovable de las industrias dedicadas a producir combustibles renovables, entre las que se encuentran las instalaciones de biogás y biometano, y establece que estas últimas deben considerarse, con carácter general, actuaciones extraordinarias cuando se implantan en suelo rústico.
La modificación del PGOU, otro elemento a valorar
Asimismo, el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de la Modificación puntual número 1 del PGOU, aprobada inicialmente por el Pleno municipal el 25 de noviembre de 2025 y todavía pendiente de aprobación definitiva, que tiene por objeto regular específicamente la implantación de actividades vinculadas a la producción de biomasa, biogás, biometano e hidrógeno verde. Su aprobación inicial habilitó al Ayuntamiento para acordar la suspensión temporal de determinadas aprobaciones, autorizaciones y licencias, por lo que la asociación considera necesario determinar la incidencia de esta modificación y de la suspensión sobre el proyecto «Santa Ana».
La asociación solicita que el Ayuntamiento compruebe si los informes y certificados anteriores se corresponden con el proyecto completo actualmente tramitado por la Junta de Andalucía, y que se pronuncie expresamente sobre la identidad entre el proyecto examinado anteriormente y el sometido ahora a autorización, su naturaleza como actuación ordinaria o extraordinaria en suelo rústico, la incidencia de la protección hidrológica, la aplicación de la Instrucción 1/2025, los efectos de la modificación del PGOU y la suficiencia de los informes ya emitidos.
La petición también pide que el Ayuntamiento valore, dentro de sus competencias, cuestiones como los accesos y caminos, el tráfico pesado y la movilidad, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la salubridad, la protección frente a incendios y la posible afección a viviendas y núcleos rurales.
Un informe negativo podría archivar el procedimiento
La solicitud no pretende condicionar el resultado del análisis ni reclama de antemano un informe negativo, sino que los servicios técnicos y jurídicos municipales examinen el proyecto con arreglo a la normativa vigente. Esta actuación adquiere especial relevancia porque el procedimiento AAI/JA/138 continúa pendiente de resolución, y la normativa establece que, si el informe urbanístico municipal fuera negativo y se recibiera antes del otorgamiento de la autorización, el órgano ambiental debería dictar una resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones.
El pasado 9 de agosto, la asociación remitió esta misma petición a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, solicitando su incorporación al expediente AAI/JA/138 y que su contenido sea tenido en cuenta antes de que se dicte la resolución definitiva.
En los próximos días, la asociación pondrá en marcha una recogida de firmas para que los vecinos y vecinas de Alcalá la Real y sus aldeas puedan respaldar esta petición y solicitar al Ayuntamiento que ejerza plenamente sus competencias antes de que se resuelva la autorización ambiental.
