JAÉN- Andalucía vuelve a situarse a la cabeza del mapa nacional del Bono Social de la luz. Los datos correspondientes al último trimestre de 2025, facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y analizados por Papernest, revelan que 348.435 hogares andaluces reciben esta ayuda, lo que supone el 20,35% del total nacional, es decir, uno de cada cinco beneficiarios en España.
En conjunto, más de 1,7 millones de hogares se benefician del Bono Social en todo el país. Andalucía, junto a la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, concentra el 55,43% del total, mientras que territorios como Melilla, Ceuta o La Rioja presentan los porcentajes más bajos.
Aumento sostenido de la dependencia del Bono Social
Más allá del volumen absoluto, el análisis proporcional muestra que Andalucía ocupa la octava posición nacional en número de beneficiarios por habitante, con 402 perceptores por cada 10.000 personas. Aunque esta ratio es inferior a la de comunidades como Extremadura, la evolución resulta significativa: desde 2023, la cobertura ha aumentado cerca de un 31%, pasando de 307 a 402 beneficiarios por cada 10.000 habitantes.
Este crecimiento sostenido refleja que 4 de cada 100 andaluces dependen ya de una ayuda destinada a hogares vulnerables, lo que apunta a una extensión progresiva de la pobreza energética en la comunidad autónoma.
Predominio de la vulnerabilidad severa
El perfil de los beneficiarios evidencia una elevada fragilidad económica. A nivel nacional, el 99,56% de los hogares acogidos al Bono Social se encuadra en las categorías de vulnerables o vulnerables severos. De ellos, más de la mitad (52,39%) pertenece al grupo de vulnerables severos, mientras que el 47,17% corresponde a hogares vulnerables. Los casos catalogados como “en riesgo de exclusión social” apenas representan el 0,45% del total.
Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este reparto confirma que el Bono Social está focalizado en los niveles más altos de vulnerabilidad, aunque también pone de relieve la creciente presión económica sobre miles de familias.
El informe, elaborado a partir de datos públicos actualizados a octubre de 2025, subraya la desigualdad territorial en el acceso a las ayudas y la necesidad de seguir monitorizando la evolución de la pobreza energética, especialmente en comunidades como Andalucía, donde el número de beneficiarios continúa al alza.
