JAÉN- Un auto del Tribunal de Instancia número 2 de Andújar advierte de posibles irregularidades en la tramitación de varios parques fotovoltaicos proyectados sobre terrenos de olivar centenario en Lopera, Arjona y Marmolejo, al detectar prácticas similares a las que llevaron a anular una megaplanta solar en Córdoba en 2025.
El Juzgado de Instancia número 2 de Andújar ha puesto el foco en la tramitación de los parques solares proyectados en la Campiña Norte jiennense al considerar que las licencias concedidas presentan “irregularidades idénticas” a las que motivaron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara en julio de 2025 una megaplanta fotovoltaica en Bujalance y Montoro por fraude de ley.
En un auto fechado el 26 de enero, la magistrada aprecia indicios de una fragmentación artificial de un gran proyecto energético en varias instalaciones de menos de 50 megavatios de potencia, una práctica que permitiría evitar la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y eludir una evaluación ambiental ordinaria conjunta del impacto global sobre el territorio.
Según recoge el documento judicial, esta división de proyectos habría permitido que la tramitación quedara en manos de la administración autonómica, sin analizar de forma integral las afecciones sobre el ecosistema, la fauna protegida y la economía agrícola vinculada al olivar tradicional.
Desde la asociación Ecología y Libertad, su presidenta, Margarita Fernández, ha señalado que “las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas están en fraude de ley y son nulas de pleno derecho”, al fragmentar deliberadamente un gran proyecto para evitar controles ambientales más estrictos.
En la misma línea, SOS Rural ha advertido de las posibles consecuencias jurídicas y económicas de seguir adelante con estas licencias. Su portavoz nacional, Natalia Corbalán, sostiene que autorizar los parques solares y sus líneas de evacuación “pese a conocer la existencia de un posible fraude de ley” podría derivar en responsabilidades penales y patrimoniales para cargos públicos y en un fuerte impacto para las arcas municipales.
La resolución judicial también subraya que los expedientes adolecen de deficiencias en la protección de especies animales vulnerables y presentan anomalías administrativas que, según la abogada Ana Rocío Ruiz, de la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas, “no son simples errores técnicos, sino irregularidades advertidas con anterioridad que justifican la adopción de medidas cautelares”.
Aunque el juzgado de Andújar se ha declarado no competente para resolver el fondo del asunto y ha remitido el caso a la jurisdicción contencioso-administrativa, las entidades denunciantes han recurrido ante la Audiencia Provincial de Jaén al considerar que los hechos podrían encajar en delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa.
Los colectivos en defensa del olivar alertan, además, de que los ayuntamientos implicados podrían enfrentarse a indemnizaciones millonarias si las licencias son finalmente anuladas, ya sea por reclamaciones de las empresas promotoras o por demandas de los agricultores afectados por el arranque de olivos centenarios y los daños ambientales asociados.
