El juez del ‘caso Leire’ reclama documentación a Residuos Urbanos de Jaén sobre la mujer vinculada al intento de soborno a un fiscal
JAÉN.- La empresa pública Residuos Urbanos de Jaén ha quedado directamente implicada en la instrucción del ‘caso Leire Díez’ tras ser requerida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que entregue «de forma inmediata» documentación sobre su relación laboral con Miriam Serrano, la joven que tuvo un conflicto legal con el fiscal anticorrupción José Grinda al que quisieron acusar de sexting. Este magistrado denunció en su momento un intento de soborno por parte de Leire Díez a cambio de información comprometida sobre otros fiscales.
Pedraz solicita a Residuos Urbanos de Jaén información sobre el contrato de esa trabajadora, las funciones que asumió, su dependencia jerárquica, las causas de la extinción de la relación laboral y toda la documentación relativa al proceso de selección para su contratación. Según la Unidad Central Operativa (UCO), Leire Díez contactó en marzo de 2025 con el entonces diputado socialista Juanfran Serrano —mano derecha de Santos Cerdán en aquel momento— para intentar facilitar a esa mujer un trabajo dentro del PSOE, para lo cual fue citada en la sede nacional del partido en Ferraz.
Los mensajes intervenidos en el móvil de Leire Díez, incorporados al sumario, muestran una secuencia de conversaciones que se extiende de diciembre de 2024 a marzo de 2025. «Juanfran, me escribió la niña. No la han llamado para trabajar. Pega un toque, porfa», le escribió en diciembre. En febrero insistió de nuevo: «Oye, no han llamado a trabajar a la niña víctima de los abusos del fiscal. ¿Insistes para que la empleen?», a lo que Serrano respondió: «Lo vuelvo a decir». Finalmente, cuando Miriam Serrano confirmó a Leire que la habían vuelto a llamar para trabajar en Resurja —Residuos Urbanos de Jaén—, la fontanera respondió: «Juanfran ha sido obediente». La propia Miriam Serrano declaró ante la UCO que ha ido encadenando contratos temporales en Resurja con periodos de inactividad hasta este mismo año 2026. De hecho, la joven ha sido llamada a declarar aunque no se conoce la fecha definitiva.
La directora de la Guardia Civil y el DAO, nuevos imputados
La providencia de este jueves también recoge la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, al apreciar el juez indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Ambos han sido citados a declarar el próximo 16 de julio a las 10.15 horas ante la Audiencia Nacional. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado su imputación.
La investigación sitúa a Leire Díez valiéndose de su relación con González para impulsar «investigaciones internas» dentro de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO, el organismo que instruye el caso. Según los agentes investigadores, Díez habría conseguido, a través de encuentros personales con la directora, instigar el inicio de actuaciones administrativas contra la unidad. La UCO documentó al menos tres reuniones entre ambas, los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025, aunque González reconoció públicamente solo dos de ellas en su comparecencia ante el Senado, donde aseguró que «nunca, jamás» ha interferido en ninguna investigación.