Detenido en La Carolina el responsable de una estafa informática contra una empresa de Zaragoza
JAÉN.- La Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa informática perpetrada contra una empresa de la provincia de Zaragoza mediante la técnica conocida como Business Email Compromise (BEC), que consiste en suplantar la identidad de un trabajador a través del correo electrónico corporativo para desviar pagos a cuentas fraudulentas. El presunto responsable ha sido localizado e investigado por el Equipo de Policía Judicial de Bailén y puesto a disposición de la Autoridad Judicial de La Carolina (Jaén).
El fraude se inició cuando el ciberdelincuente envió un mensaje al departamento financiero de la compañía haciéndose pasar por uno de sus empleados y solicitando que la próxima nómina se ingresara en una cuenta bancaria diferente a la habitual. Ante la petición de un certificado de titularidad bancaria como medida de verificación, el estafador respondió de inmediato aportando documentación falsificada. La empresa realizó el ingreso sin detectar el engaño.
La estafa salió a la luz días después, cuando el trabajador real reclamó el abono de su nómina. Fue entonces cuando ambas partes advirtieron que el correo inicial procedía de un dominio que difería en una sola letra del original, una técnica conocida como typosquatting que había pasado inadvertida por la gran similitud visual entre las direcciones.
Tras la denuncia telemática presentada por la empresa a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, el expediente fue recibido por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) y derivado al Equipo @ de la Cibercomandancia, que inició de inmediato las diligencias e instó el bloqueo de la transferencia fraudulenta. Los investigadores rastrearon la trazabilidad del movimiento económico, analizaron los datos de la cuenta receptora y los cruzaron con antecedentes similares en bases de datos policiales hasta identificar al beneficiario del fraude.
La Guardia Civil ha recordado que este tipo de estafa genera un doble perjuicio económico para las empresas afectadas: además de la pérdida derivada del pago fraudulento, la compañía sigue obligada a abonar la factura original al proveedor o trabajador legítimo. El instituto armado recomienda verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier solicitud de cambio de cuenta bancaria, revisar con atención la dirección del remitente, desconfiar de mensajes que transmitan urgencia o confidencialidad, y establecer protocolos internos de autorización de pagos.
