JAÉN.- La Audiencia de Jaén ha juzgado este miércoles a un hombre acusado de generar una dependencia a la droga en una menor de 14 años para condicionar su voluntad y mantener relaciones sexuales con ella. Los hechos se remontan a 2023, cuando el acusado tenía 34 años. El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por Amuvi (Asociación de Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y de Género), solicitan una pena de 14 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor en concurso ideal con un delito continuado de corrupción de menores.
La declaración de la víctima se incorporó al juicio mediante prueba preconstituida. Según su relato, conoció al acusado en las navidades de 2022 y la relación comenzó en enero de 2023. La menor explicó que, pese a haber tenido contacto previo con otras sustancias, fue el acusado quien le introdujo en el consumo de cocaína, droga que terminó generándole una fuerte dependencia. La joven sostuvo que nunca habría mantenido relaciones con el acusado de no ser por esa dependencia, y afirmó que desde el principio le comunicó su edad real.
Fue la madre de la menor quien, en marzo de 2023, al detectar un cambio de comportamiento en su hija, descubrió la relación y pidió al acusado que se alejara de ella. Tras conocer lo ocurrido, la familia presentó la denuncia en abril de ese mismo año.
El acusado, que en su primera declaración tras la denuncia reconoció saber que la menor tenía 14 años, ha cambiado su versión ante el tribunal, asegurando ahora que creía que era mayor de edad y que cortó la relación en cuanto la madre le informó de su edad real. Ha admitido haber mantenido relaciones sexuales con ella en una ocasión, calificándolas de consentidas, y ha negado haberle ofrecido droga a cambio de sexo, aunque sí ha reconocido que consumían juntos.
Los psicólogos de la Fundación Márgenes y Vínculos han señalado que el relato de la menor es compatible con haber sido víctima de violencia sexual, si bien han precisado que no pudieron determinar el grado de credibilidad debido a las dificultades de la joven para recordar episodios concretos. Los especialistas no hallaron indicadores de fabulación en su testimonio y apuntaron que, por su edad y su situación, «no tenía claro lo que es un consentimiento libre y voluntario».
La Fiscalía ha sostenido que el acusado «se aprovechó de su condición de menor de edad» y que condicionaba la entrega de droga al mantenimiento de relaciones sexuales. Desde Amuvi, la letrada Celia Megía ha calificado al acusado de «depredador sexual» y ha señalado que la víctima sufre un daño moral cuyas secuelas permanecen en la actualidad.
La defensa ha solicitado la absolución, alegando que no existe prueba de cargo y que el acusado actuó bajo «un error insuperable» sobre la edad de la víctima, además de cuestionar que fuera él quien la introdujera en el consumo de drogas.
Junto a los 14 años de prisión, la Fiscalía solicita la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante nueve años, así como otros nueve años de libertad vigilada. En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama 9.000 euros por daño moral, mientras que la acusación particular eleva esa cantidad hasta los 20.000 euros.
