JAÉN.- Durante casi dos años, la rutina de Rubén Fernández estuvo marcada por los horarios del colegio, los juegos, las comidas y las pequeñas tareas cotidianas propias de cualquier hogar con niños. Ese día a día terminó el pasado 18 de mayo, cuando los dos menores que vivían con él en Linares en régimen de acogimiento familiar fueron retirados por decisión de la Administración, en una intervención en la que participaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El caso ha llegado ahora a los tribunales, donde se dirime la legalidad del procedimiento que culminó con el cese del acogimiento y la retirada de los menores. Mientras la vía judicial sigue su curso, la familia ha optado por mantener un discurso prudente, evitando entrar en aspectos del expediente que puedan afectar a la intimidad de los niños o interferir en el proceso.
Rubén Fernández ejerció durante ese tiempo como familia acogedora de los dos menores, tutelados por la Junta de Andalucía. Cuando se abrió la posibilidad legal de solicitar su adopción, presentó su candidatura y fue sometido al preceptivo procedimiento de valoración de idoneidad, que concluyó con una resolución desfavorable. El acogedor, que considera que dicha resolución se basó en un informe que a su juicio resultaba sesgado, decidió impugnarla ante los tribunales. Poco después, el Servicio de Protección de Menores acordó el cese del acogimiento.
Fernández sostiene que la retirada de los menores se produjo mientras mostraba su oposición a esa resolución administrativa, y remarca que todo el procedimiento permanece actualmente bajo control judicial, motivo por el que insiste en no hacer públicas cuestiones relacionadas con el contenido del expediente.
Una reflexión sobre la dimensión humana del acogimiento
Lejos de centrar su mensaje únicamente en su situación personal, Rubén Fernández asegura que su intención es abrir una reflexión sobre la dimensión humana que acompaña a los procedimientos de protección de menores. En un comunicado remitido a los medios, afirma que detrás de cada expediente «existen niños, familias y vínculos afectivos que no siempre encuentran reflejo en los documentos administrativos», y defiende que las decisiones adoptadas en este ámbito tienen «una enorme trascendencia humana».
El acogedor subraya que mantiene su confianza en la Justicia y espera que sea el procedimiento judicial el que esclarezca los hechos y determine la resolución que mejor responda al interés superior de los menores. Su petición, explica, pasa por que este tipo de situaciones puedan conocerse «con respeto, sin juicios paralelos y preservando siempre la identidad y el bienestar de los menores».
Una recogida de firmas impulsada por el entorno familiar
En paralelo, el entorno de Rubén Fernández ha decidido impulsar una iniciativa ciudadana para visibilizar el componente humano del acogimiento familiar. La campaña, promovida por su hermana Irene Fernández junto a familiares y amigos, solicita mediante una recogida de firmas que las decisiones relacionadas con la protección de menores tengan siempre en cuenta «los vínculos afectivos, la estabilidad de los niños y la dimensión humana que existe detrás de cada expediente».
En el texto que acompaña la iniciativa, sus impulsores recuerdan que desde la retirada de los menores, el pasado 18 de mayo, la familia asegura no haber vuelto a tener noticias sobre cómo se encuentran, circunstancia que ha motivado el llamamiento a la ciudadanía para respaldar la petición.
El procedimiento judicial continúa abierto y será la Justicia la que determine si la actuación administrativa se ajustó a derecho. Hasta entonces, la familia insiste en mantener el respeto al proceso y a la privacidad de los menores, mientras reclama que el debate sobre el acogimiento no pierda de vista a las personas que hay detrás de cada expediente.
