JAÉN.- El Tribunal Supremo ha puesto punto final al caso Matinsreg al confirmar íntegramente las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Jaén contra un exconcejal del Partido Popular y tres empresarios por un fraude continuado en la contratación de servicios municipales.
El alto tribunal ha rechazado los recursos de casación presentados por el exedil de Mantenimiento Urbano Manuel del Moral y por los empresarios José Merino, Isidoro Cobo y Luis Gregorio González, vinculados a la mercantil Matinsreg, con sede en Toro, Zamora. La resolución, fechada el pasado 11 de febrero, consolida así las penas de prisión y las responsabilidades económicas fijadas en instancias anteriores.
Prisión y devolución del dinero
Los condenados deberán cumplir penas de entre uno y cinco años de cárcel y hacer frente al pago solidario de 3,46 millones de euros al Ayuntamiento de Jaén, cantidad que corresponde al daño causado a las arcas municipales. Además, varias sociedades mercantiles han sido declaradas responsables civiles, al haberse beneficiado de los cobros irregulares.
La causa judicial también analizó la actuación del entonces alcalde de Jaén y posterior secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que finalmente fue absuelto de los delitos de prevaricación y malversación. Otro exconcejal investigado, Miguel Ángel García Anguita, quedó fuera del procedimiento tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2023.
Cómo funcionaba la trama
Según los hechos probados que ahora avala el Supremo, entre 2012 y 2013 se articuló un sistema para inflar de forma sistemática las facturas correspondientes al mantenimiento de fuentes ornamentales y alumbrado público de la ciudad. Tras la salida de la empresa anterior, Matinsreg asumió el servicio con el respaldo del entonces responsable político del área.
El mecanismo incluía conceptos ficticios y precios muy superiores a los reales, como la facturación de productos básicos a importes decenas de veces más altos que su coste de mercado o la imputación de miles de horas de trabajo inexistentes, simulando una plantilla que la empresa nunca llegó a tener. El perjuicio económico efectivo se cifró en más de 2,7 millones de euros, una vez descontadas las labores que sí se ejecutaron.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo agota la vía ordinaria de recurso y confirma de forma definitiva las condenas por una de las tramas de corrupción municipal más significativas en Jaén en los últimos años, dejando firme la obligación de prisión y de restitución económica a la administración local.
