JAÉN.- El Ayuntamiento de Mengíbar ha sido denunciado ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por la actuación desarrollada contra un funcionario municipal que, hasta el pasado mes de enero, ejerció como presidente de la Plataforma Vecinal STOP Planta de Biometano Mengíbar, colectivo que ha liderado durante meses la oposición ciudadana a la instalación de varias macroplantas de biometano en el municipio.
Según sostiene la denuncia, tras asumir la presidencia de la plataforma vecinal y convertirse en una de las voces más críticas con la gestión municipal en relación con estos proyectos, el funcionario comenzó a ser objeto de una sucesión de actuaciones administrativas que habrían desembocado en la apertura de una información reservada integrada por cinco causas distintas, con la posible finalidad de iniciar un expediente disciplinario.
El denunciante señala que tres de las cinco causas investigadas estarían relacionadas exclusivamente con actuaciones realizadas en el ejercicio de su actividad vecinal y asociativa, y no con el desempeño de sus funciones como empleado público. Resulta especialmente llamativo, según recoge la denuncia, que las cinco causas fueran abiertas o incorporadas en apenas un mes, a pesar de que algunas se basan en hechos supuestamente ocurridos en septiembre de 2025 y conocidos por el Ayuntamiento desde esa fecha. El denunciante considera que esta acumulación repentina carece de explicación objetiva y coincide temporalmente con la intensa actividad pública desarrollada por la plataforma vecinal.
Una cronología que arranca con la constitución de la plataforma
La Plataforma STOP Planta de Biometano Mengíbar se constituyó a finales de agosto de 2025 como respuesta ciudadana al proyecto de instalación de una macroplanta promovida por la mercantil Naturmet cerca del núcleo urbano. Desde su creación, desarrolló una intensa actividad de información, participación ciudadana y análisis de la documentación administrativa y ambiental del proyecto, promoviendo alegaciones, solicitudes de información, reuniones institucionales y movilizaciones vecinales.
El denunciante ejerció la presidencia de la plataforma desde su constitución hasta su dimisión, presentada el 29 de enero de 2026. Según su relato, las distintas actuaciones dirigidas contra él comenzaron a sucederse precisamente en ese contexto de movilización ciudadana y crítica pública a la gestión municipal del proyecto.
Entre los hechos señalados en la denuncia figuran una querella penal por presuntas injurias y coacciones notificada en enero de 2026; una investigación sobre el vuelo de un dron durante una manifestación celebrada el 26 de octubre de 2025, en la que ni la Guardia Civil ni la Subdelegación del Gobierno habrían abierto expediente sancionador; pesquisas sobre una supuesta ocultación de documentación de la plataforma, posterior ya a su dimisión como presidente; una investigación sobre el uso de crédito horario sindical durante una llamada telefónica de pocos minutos con un periodista; otra sobre una posible incompatibilidad entre su asistencia a una manifestación y una situación de incapacidad temporal, sin que conste informe médico al respecto; y una última relativa a la difusión de un fragmento de unos once segundos de una reunión institucional, cuya divulgación habría sido autorizada por la persona que interviene en la grabación.
Solicitud de investigación al organismo autonómico
La denuncia presentada ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción solicita que se investiguen los hechos y se determine si las actuaciones desarrolladas por responsables municipales pudieran ser constitutivas de prácticas contrarias a los principios de objetividad, imparcialidad y buena administración que deben regir el funcionamiento de las administraciones públicas.
El denunciante sostiene que la información reservada abierta en su contra carece de base objetiva suficiente y que respondería a una estrategia de represalia derivada de su actividad crítica y reivindicativa frente a determinadas decisiones municipales, un extremo que ahora deberá ser analizado por el organismo autonómico competente.
