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JAÉN.- Tras más de dos años de conflicto, el Juzgado número 2 de lo Social de Jaén reconoce a los monitores y monitoras de la Universidad Popular Municipal el derecho de fijar el periodo de disfrute de las vacaciones conforme al convenio colectivo del Ayuntamiento de Jaén, tras una denuncia de CSIF. Asimismo, esta sentencia declara nula la decisión de la UPM de la adjudicación unilateral de vacaciones, haciéndolas coincidir con los días no lectivos del calendario escolar.

En este sentido, CSIF valora la dirección de la sentencia e insta al Ayuntamiento de Jaén a que deje de buscar resquicios y no regateé más con los derechos de los trabajadores y trabajadores de su propia Administración.

El pasado mes de julio, Enrique García, responsable de CSIF Local en Jaén, y el concejal de Personal, Carlos Alberca, firmaron un acuerdo extrajudicial, con valor de sentencia judicial, en el que se reconocía el derecho a las vacaciones de todos los monitores y monitoras y al abono de las vacaciones de los años 2018 y 2019. Este acuerdo se firmó in extremis un día antes de celebrarse el juicio por la demanda por conflicto colectivo que había interpuesto el sindicato. A pesar del acuerdo, el Ayuntamiento de Jaén solo les ha reconocido a los monitores el 50% de la deuda devengada de esas vacaciones por lo que nuevamente, los trabajadores de la UPM tendrán que involucrarse en un nuevo proceso judicial para reclamar las cantidades adeudadas. Para CSIF, esto es una estrategia más para retrasar el pago de lo que le corresponde a cada empleado, por tanto, el sindicato pone a disposición su Asesoría Jurídica para facilitar la reclamación de la deuda.

Asimismo, este 2020, la UPM decidió unilateralmente y sin negociación, imponer  las vacaciones a los monitores y monitoras. “Mediante un correo electrónico, les comunicaron que los días no laborables del calendario escolar serían sus vacaciones, saltándose el convenio colectivo del Ayuntamiento de Jaén y el Estatuto de los trabajadores, al igual que la difícil conciliación de la vida familiar. Esta sentencia declara nula esta decisión y solicitamos tanto a la Gerencia de la UPM como al Ayuntamiento que se ajuste a la legalidad y no imponga su criterio al margen de la sentencia judicial”, afirman contundentemente desde CSIF.