Opinión | «¿Cabe cuestionarse la ilegalidad del Estado de Alarma?»

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Control de la policía en Avenida de Andalucía. FOTO: HoraJaén
Control de la policía en Avenida de Andalucía. FOTO: HoraJaén
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POR ÓSCAR J. LABELLA, abogado y autor del blog Bajo la Toga

A los pocos días de empezar el confinamiento y ver las medidas que el Gobierno estaba implantando me planteé la cuestión de si realmente se estaban excediendo y deberían proclamar un Estado de Excepción. Por lo que hice una búsqueda exhaustiva de información, leí todo tipo de normativas, y llegué a una pronta conclusión: estamos ante una situación que merece ser reconocida como Estado de Alarma.

NO SE DEBE PROCLAMAR UN ESTADO EXCEPCIÓN
Para responder a la incógnita del título, lo primero que hice fue acudir a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. En ella se desarrolla cómo y cuándo declarar cada Estado.

En su artículo 4 dice que “el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad“. Y añade en su apartado b): “Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.”

Es decir, si nos centramos primeramente en el ámbito de aplicación, vemos como está clavado. Lo cita textualmente: crisis sanitarias tales como epidemias.

Seguimos. En el art. 11 dice lo siguiente; “el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

Antes de comentarlo, debo citar el art. 12, que concluye diciendo que: “la Autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas (…) el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento. Será de aplicación al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización que, en todo caso, será supletoria respecto de lo dispuesto en el presente artículo.

Por lo tanto, se está cumpliendo plenamente lo que se de dice en la Ley. Ahora bien, algunos me diréis que se están excediendo en la limitación derechos fundamentales, tales como derecho a reunirse o manifestarse. (arts. 21 y 22 CE).

Pero no es así, ni mucho menos. Para entrar a valorar esto, lo primero que tenemos que hacer es irnos al origen de la ley, y ver que es lo que el legislador pretendía cuando la redactó. Y esto es necesario, porque siempre que se dicta una norma, se hace previamente un análisis de riesgos, es decir, se valora que riesgos existen para la comunidad, y en base a ello se establecen las medidas necesarias.

Con el Estado de Alarma, el legislador lo que pretendía, entre otras, era controlar de la mejor manera posible una crisis sanitaria o epidemia, como es nuestro caso. Es decir, que cuando el Gobierno actual, limita X derechos, no lo hace porque haya un riesgo inminente que atente contra nuestro país. No hay ningún hecho particular o movimiento social que amenace nuestro Estado social y democrático de Derecho. Si se limitan derechos, como el de manifestarse, se hace por el simple hecho de evitar la aglomeración de gente y que así no se propague la enfermedad. De hecho, actualmente te puedes movilizar y manifestar si quieres. Puedes hacerlo por Internet con un directo en Youtube, un webinar de Zoom, o como sea haciendo uso de las TICs. En esta L.O. no lo pone específicamente porque se redactó en 1981, y el Internet era algo lejano todavía, pero si interpretamos la norma en pleno S.XXI, es muy fácil entender esto.

Y por último, y no menos importante. De primero de carrera de Derecho. Para los que se les llena la boca con la Constitución. Hay una cosa que se llama Límite de Derechos. Y de manera sencilla se puede entender como que tu derecho acaba cuando empieza el del otro. Y si, manifestarse, salir a la calle y demás, serán derechos fundamentales de cada uno, pero ahora mismo estamos viviendo una crisis social que afecta a mucha gente, de hecho, a todo el mundo. Por lo tanto, me da igual que se limite tu derecho personalísimo cuando se pone en riesgo el derecho clave de cualquier otro ciudadano, como es el derecho a la vida. En definitiva, a que no se mueran los demás porque tú dices que es más importante tu derecho a salir a la calle libremente.

Somos egoístas, solo profesamos el yoismo, y dejamos atrás el bien común, la ética. Nuestros actos son avalados por lo que el Gobierno de turno nos permita o nos prohiba hacer. Cuando, en realidad, las personas deberíamos actuar en función de lo que es bueno o malo para los demás, sin que haya una ley que nos lo diga.