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JAÉN.-La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha explicado hoy en comisión parlamentaria que el presupuesto del tranvía de Jaén acumula un desvío presupuestario del 45 por ciento. En concreto, ha detallado que el proyecto, que el nuevo Gobierno andaluz ha reactivado, ha pasado de un coste inicial de 83 millones en obra y dirección a 121 millones de euros sumando las reclamaciones judiciales y los costes financieros. «Un desvío del 45 por ciento», ha lamentado. 

Carazo ha resaltado que los anteriores gobiernos socialistas de la Junta  dejaron “como herencia envenenada de su pésima gestión, multitud de pleitos como consecuencia de su política de judicializar todos los conflictos” y que esta infraestructura “no se ha librado de la mala gestión de los gobiernos socialistas, es más yo diría que es un ejemplo palpable de ella”. 

Solo el presupuesto inicial de la dirección de obra y de los propios trabajos pasaron de 83 a 107 millones de euros. A eso hay que sumar las reclamaciones judiciales. La consejera ha explicado que el 9 de octubre de 2015, la UTE Tranvía de Jaén interpuso un recurso contencioso administrativo por el retraso en los pagos y que una sentencia firme dictada el pasado octubre condenó a la Junta a abonar 5,3 millones de euros por los intereses de demora de las certificaciones ordinarias, las revisiones de precios, la certificación final y la liquidación del contrato. 

La Agencia de Obra Pública ha ingresado ya esa cantidad en la cuenta de consignaciones del Juzgado a favor de la UTE Tranvía de Jaén, según la consejera, que ha añadido que queda pendiente de abonar la liquidación de los intereses procesales y el abono de las costas del recurso de casación, por un importe adicional aproximado de 650.000 euros.

Además de esta sentencia, de la que ya se informó en el pasado Consejo de Gobierno, también se han producido otras decisiones añadidas que han incrementado los costes del tranvía de Jaén. “La decisión política de no incluir en los presupuestos de 2010, 2011 y 2012 las obligaciones de pago previstas generó una falta de disponibilidad presupuestaria que implicó un coste financiero, para la Agencia de Obra Pública, que recurrió a sus pólizas de crédito para abonar en junio de 2012 todas las certificaciones mensuales ordinarias pendientes”, ha relatado Marifrán Carazo, que ha añadido que esto ha traído como consecuencia una refinanciación, ya que “la Consejería sólo logro cubrir con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) los conceptos de certificación final de obra y liquidación final del contrato. En concreto, el coste financiero para la Agencia de Obra Pública se cuantifica, a día de hoy, en 7,5 millones de euros, que se suma al resto de cantidades.

Ante esta herencia, ha recalcado que el Gobierno andaluz es consciente que no se puede volver a producir un despilfarro como éste, derivado de la ejecución los proyectos e infraestructuras sin el necesario control. Por este motivo, el nuevo Gobierno andaluz ya ha adoptado medidas para evitar más costes para la Administración por el pago de intereses de demora. 

Desde febrero, se ha puesto en marcha un procedimiento para agilizar el pago por intereses de demora vinculado a reclamaciones económicas y así evitar el incremento de estos derechos. “Los gobiernos socialistas sólo atendían el pago de interes cuando había una sentencia firme condenatoria contra la Administración”, ha recordado Marifrán Carazo. Por otra parte, el nuevo Gobierno andaluz ha impuesto el criterio de disciplina en el pago de las certificaciones en el plazo legalmente establecido de 30 días, cuando en anteriores mandatos tuvieron un retraso de 280 días de media en las certificaciones mensuales y de hasta 888 y 683 días por las certificación final de obra y la liquidación final del contrato.