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JAÉN.- Entender la factura de la luz no es tarea fácil. Pero es importante conocer que, entre esos conceptos que forman este temido recibo en España, hay uno que se destina a cubrir las pérdidas del sistema eléctrico, o sea, la diferencia entre la electricidad que sale de la central y la que se factura realmente a los consumidores.

Dicha diferencia puede deberse a problemas de tipo técnico o también a pérdidas sufridas en la distribución. Pero también pueden ser causada por el fraude eléctrico, una práctica consistente en tomar la electricidad de la red general de forma ilegal. Algo que no perjudica a las empresas comercializadoras de energía, sino a los demás consumidores que sí pagan sus facturas como deben.

¿Cómo se cometen estos fraudes?

El fraude puede cometerse a través de un enganche directo a la red, con los propios medios y sin contrato. También puede hacerse a través de una desviación a una instalación que no estaba contemplada en el contrato con la suministradora. 

Existe a su vez un tipo de fraude bastante común que consiste en manipular los contadores para que detecten menos consumo del que en realidad se ha realizado o por ejemplo, para que se contabilice la energía como si siempre se hubiera consumido en el período más económico. 

Con independencia del tipo de fraude que se realice, empresas como Energya ( https://es.wikipedia.org/wiki/Enérgya _VM ) se han puesto en pie contra este tipo de prácticas. Hay que tener en cuenta que estos consumos los pagan los demás consumidores en sus facturas. 

Si alguien piensa que estos fraudes no tienen demasiado calado, se equivoca. Hace algo más de dos años, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMV) estimaba que el fraude costaba a los españoles en torno a unos 150 millones de euros de encarecimiento de la tarifa. Otro dato para hacerse una composición de lugar: una compañía estimó que la energía que se defrauda cada año equivale al consumo de Sevilla y toda su área metropolitana. 

¿Quién defrauda a las compañías eléctricas?

Con respecto al perfil de persona que defrauda, las mismas compañías eléctricas han querido aclarar que la realidad no se corresponde con el tópico que culpa de estas prácticas a barrios marginales o con hogares pobres. De hecho, un 80% del fraude procede de empresas, y el 20% restante corresponde a su vez en un 80% a hogares de gran consumo eléctrico. Esto supone que el 96% de los fraudes vienen de parte de grandes consumidores, que son quienes encuentran mayores “incentivos” en no pagar lo que deben.

¿Dejará de pagar algún día quien no tiene la culpa?

Finalmente cabe destacar que la propia CNMV pidió en el informe antes mencionado un cambio en la regulación, y que fuesen las propias eléctricas quienes pagaran por aquello que se les defrauda. De este modo terminaría esta injusta situación en la que, aquellos consumidores que pagan debidamente sus facturas, sean quienes paguen también el precio de estas prácticas ilegales.