Una familia con cuatro menores serán desahuciados el 28 de septiembre

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JAÉN.- La Plataforma Antidesahucios de Jaén exige al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que pidan al juzgado que suspenda de forma cautelar el desahucio de la familia de Tomás y Tamara  con 4 menores en la capital para el día 28 de septiembre. “Se trata de una situación de “extrema vulnerabilidad”  y porque la ONU ya remitió un escrito  en una circunstancia similar al Ayuntamiento de Madrid para paralizar un lanzamiento, declarando que el Estado español podría estar vulnerando los derechos humanos en dicho caso, de Soraya y sus hijos”, señalan desde la plataforma.

Para la PAH, el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía deberían remitir, de igual manera que hiciera el Ayuntamiento de la capital española, un escrito al Juzgado número 1 de 1ª Instancia de Jaén para que se adopte la paralización cautelar del lanzamiento decretado por el Juzgado. Juzgado que en mayo ya recibió 250 firmas de vecinos y vecinas de la capital, suplicando también la suspensión del desalojo. Firmas que a su vez fueron remitidas a la Unidad de Créditos Inmobiliarios (UCI), cuyo único argumento para desistir en el desahucio fue indicar que es la administración la competente en actuaciones de emergencia social. 

Esta medida sería plenamente pertinente y ajustada a derecho. No podemos permitir que las administraciones se laven las manos dos veces: una cuando las familias solicitan vivienda accesible y se les informa de que no hay vivienda y otra cuando ya, abandonados por los gobiernos locales y autonómicos, deciden ocupar en precario y por necesidad  una vivienda y es entonces cuando  les manifiestan que no les pueden ayudar al estar  fuera de la legalidad. Por otro lado, ya el Tribunal Constitucional  dio el visto bueno para que los gobiernos autonómicos puedan expropiar viviendas vacías de las entidades financieras si nos la ponen en alquiler ”,  afirma Miguel Ángel Martínez Bellón, miembro de la PAH. 

“Estamos en diálogo con el Ayuntamiento y tendremos una reunión próximamente con la Delegación de Vivienda para buscar una alternativa habitacional o conseguir por parte de UCI un alquiler social. Mientras tanto las oficinas andidesahucios de la Junta y del Ayuntamiento  tienen que redactar dicho escrito dirigido al Juzgado pidiendo esa paralización cautelar. Queremos buscar el apoyo del juzgado porque desde la PAH entendemos que la legislación hipotecaria viola el convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950”, afirma el portavoz de la plataforma Miguel Ángel Martínez Bellón.

“Estimamos que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo a la realidad social y a todas luces parece inmoral un desahucio sin alternativa habitacional que pone en peligro la vida de 4 menores. Es más nos parece ilegal. Apelamos también a los principios de la Ley de Protección del Menor y la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989”, plantea el portavoz.

La PAH de Jaén no entendería por un lado, que Junta y Ayuntamiento no redactaran ya esa solicitud al Juzgado y, por otro  que los servicios sociales de ambas administraciones no cejaran en buscar una vivienda o un alquiler asequible para esta familia jiennense. La ciudadanía, expresada en esas firmas, no entendería que los poderes públicos no se afanen en  evitar daños irreparables en cuatro menores.