Jaén, primera manifestación en Andalucía de los trabajadores de Medio Ambiente

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JAÉN.- CSIF Jaén se ha concentrado esta mañana junto con trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua a las puertas de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén ante la parálisis en la negociación del convenio único de la Agencia. “Nos movilizamos hoy por la paralización en la negociación del convenio, que afecta a más de 400 trabajadores en Jaén, y continuaremos con el resto de provincias de Andalucía, ya que esta situación está perjudicando a miles de trabajadores en toda la comunidad. Además, no descartamos futuras movilizaciones si la Administración no llega a un acuerdo beneficioso para las condiciones de los trabajadores de la Agencia”, manifiesta Eulogio Muñoz, responsable de la sección sindical de CSIF en AMAYA.

Por otro lado, desde el sindicato CSIF se exige que se retome esta comunicación y que se traten asuntos tan importantes para los trabajadores en la negociación del convenio colectivo único de la Agencia Amaya como la subida salarial; un sueldo mínimo mensual de 1000 euros para todos los trabajadores; la recuperación de la antigüedad; la fijación de una cuantía para las guardias; una conciliación familiar real y efectiva, con trabajos a turnos, fines de semana, noches, festivos, localizaciones/disponibilidades de 24 horas, etc. y que el operativo Infoca tenga lugar siempre en el mismo grupo operativo.

“Además, -recuerda Muñoz- la Agencia no presenta las tablas de subidas salariales a ninguna sección sindical que forme parte de la negociación del convenio único, tal como denunció CSIF Andalucía”.

Como se recordará, CSIF ha reprochado en varias ocasiones la parálisis que la Administración está provocando en la negociación del convenio único de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, así como que se otorguen certificaciones a sólo una parte del colectivo de los bomberos forestales.

CSIF no descarta otro tipo de presión a la Junta de Andalucía, ya que considera injustificable que se mantenga un convenio caducado desde 2011 y que, a pesar de denunciar esta situación desde septiembre de 2013, es decir hace casi cinco años, la Administración ampare esta paralización del diálogo y de la negociación de un nuevo convenio actualizado y adecuado a los derechos laborales de los trabajadores.