OPINIÓN | Sobrecostes críticos y demoledores en el tranvía de Jaén

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Tranvía de Jaén en las cocheras de Vaciacostales.
Tranvía de Jaén en las cocheras de Vaciacostales.
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POR JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ, Doctor en Derecho

El articulista ha contemplado en muy pocas ocasiones un Informe Fiscalizador del Tribunal de Cuentas, en este caso el nº 1242 de fecha 30.11.2017, sobre el Desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Jaén, publicado recientemente, en el cual se viertan juicios tan fundamentados hacia el objeto de referencia y a su vez, tan jurídicamente crítico y demoledor.

Nos encontramos ante una serie de contratos suscritos por LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CONSISTORIO DE JAÉN, según apartado (III.2-19ª) pág. 101. que ascendieron a fecha 31.12.2014, a la cantidad de 124.865,461,85 € netos.

Un 85% correspondería a la CONSEJERÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA competente en materia de transporte; un 9% a los ENTES INSTRUMENTALES y un 6% al CONSISTRORIO DE JAÉN.

Adicionalmente, la UTE adjudicataria del contrato de obras ha reclamado judicialmente el abono de intereses de demora por un importe de 5.302.105,52 €, sin que a la fecha de redacción del anteproyecto del Informe, se contara con resolución firme.

Nos hemos fijado principalmente en las 109 primeras páginas de las 277, que consta el documento completo, y en forma resumida, lo más rápido resulta fijarse los apartados III y IV del índice – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES – páginas 89 y 107, lugares, donde en forma de síntesis se pormenoriza lo más relevante.

La primera “lindeza” que nos aparece, es respecto a la carencia de antecedentes o estudios previos realizados por la JUNTA DE ANDALUCÍA O POR EL CONSISTORIO DE JAEN, dirigidos a valorar la posible implantación de un Tranvía en dicha ciudad.

Por consiguiente, los estudios correspondientes se llevaron a cabo cuando la decisión sobre el establecimiento del mismo y la ejecución de la obra ya se había adoptado, por lo que no constituyeron instrumento de análisis y planificación ni fundamentaron la implantación del nuevo sistema de transporte.

Tampoco se comparó su viabilidad económico financiera e impacto en la Hacienda Pública.

En cuanto al protagonismos de los sujetos intervinientes, la JUNTA DE ANDALUCÍA se comprometió mediante convenios, a ejecutar y financiar las obras de infraestructura tranviaria, todo ello, mediante los correspondientes desembolsos que representaban aproximadamente el 90% del presupuesto total de la inversión prevista, así como subrogarse en las obligaciones económicas resultantes del contrato de suministro del material móvil.

El CONSISTORIO DE JAÉN, se obligaría asumir los incrementos de presupuestos que pudieran resultar de los modificados de obra. (nota del autor: aún no se habían producido, se desconocía su alcance, y sin embargo, ya se incluía lo desconocido.) así como el mantenimiento y conservación de infraestructuras y explotación del servicio, y cuotas de arrendamiento previstas y además, suscribir el contrato de mantenimiento. 

No quedó lo suficientemente motivado, como hubiese procedido, que la JUNTA DE ANDALUCÍA participaba y financiaba de forma completa la obra tranviaria de Jaén, siendo así que la misma no fue declarada de interés metropolitano y que estaba destinada a la ejecución de un servicio de competencia municipal y que una vez finalizada se entregaría sin contraprestación al Consistorio.

Para la construcción e instalación del Tranvía se detectaron diversos contratos que no se ajustaban a la normativa contractual y que no se encontraban conformes con los principios de objetividad, transparencia y concurrencia que han de presidir la contratación pública.

El contrato principal fue modificado un mes después de su formalización, lo que pone de manifiesto una deficiente planificación de los trabajos a realizar, al no haberse informado suficientemente en el momento de la licitación del contrato, del alcance de los trabajos de los que ya se disponía.

Fueron realizados estudios de alternativas del sistema tranviario de Jaén, así como estudios de demanda y estimaciones que partían de determinadas medias diarias de viajeros que junto a la realizada por la empresa concesionaria del servicio de transporte en autobús, resultaban todas discrepantes. 

Bajo estos postulados, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, en un estudio de fecha 17.01.13, estimó que en el primer año de explotación, la demanda podía estar alrededor de 1.500.000 viajeros/año, frente a los 2.292.000 que preveía un estudio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes Urbanos de la Junta de Andalucía, y, a diez años vista, en función de la evolución de diversas variables del servicio y/o entorno, podría ascender a un valor en la horquilla de 1.750.000-2.100.000 viajeros/año, frente a los 3.237.000 del citado estudio. Las citadas cifras fueron en apariencia las más fiables pero alejadas entre sí. Con fecha 19.05.2011, el servicio fue paralizado por Resolución Judicial que resolvía el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa concesionaria del servicio público de transporte de autobuses urbanos.

Ante la imposibilidad de asumir los gastos que generaría la puesta en funcionamiento del tranvía y su explotación debido a su grave situación financiera, el Consistorio acuerda efectuar la devolución y renunciar a su participación en el proyecto.

Aparentemente, y según medios locales, después de varios años conflictivos, las aguas ameritan volver a su cauce alcanzándose un acuerdo prácticamente entre las mismas instituciones que originaron el anterior quebranto.

Esto debería ser satisfacción para los jienenses que utilizan los sistemas públicos de transporte, pero no deberían olvidar que también son contribuyentes y que a sus instituciones públicas debería exigirles ahora y de futuro, la evaluación de la eficacia de una gestión de fondos públicos:

1ª.-  Según Palomar Ojeda, GARANTÍA DE EFICIENCIA, mediante publicidad adecuada; transparencia e imparcialidad en los procedimientos de ejecución. O sea, la disponibilidad de unas pautas o valores de referencia frente a los cuales sea posible establecer comparaciones.

2ª.- Según R. Tamames, la misión de la eficacia económica es básicamente organizativa y administrativa.

3ª.-  En cuanto a la evaluación de la eficacia de una gestión, no puede plantearse seriamente si no se dispone plenamente de una planificación asentada en unos programas, en los cuales los objetivos aparezcan claramente establecidos y cuantificados en la medida de lo posible. 

Es decir, a través de la eficacia medimos la relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos.

Valórese pues, querido lector, las conclusiones que se puedan obtener respecto a lo que debería ser una razonable coordinación y colaboración entre Administraciones Públicas, según nos cuenta el especializado TRIBUNAL DE CUENTAS.