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JAÉN.- En la sesión de la Comisión de Hacienda de esta mañana se ha hecho entrega del informe de los Servicios Técnicos Municipales elaborado a propuesta de Jaén en Común, en el que según esta formación se confirma que el convenio con Aqualia de fecha  4 de noviembre de 2002 que regula la gestión privada de la tasa de basura no es legal. Lo que obliga, según JeC al Ayuntamiento a iniciar el proceso para recuperar la gestión directa de la citada tasa. Concretamente, el citado informe concluye que “por ello consideramos que el Convenio de 4 de noviembre de 2002, en cuanto a que afecta a una función propia de la Tesorería Municipal, no es ajustado a derecho, puesto que supone la delegación de la recaudación de la tasa de basura aunque sea sólo en periodo voluntario, a una empresa privada, lo que no está previsto por el ordenamiento jurídico vigente”. Manuel Montejo ha señalado que “Este convenio, desde su entrada en vigor, ha costado a las arcas municipales cinco millones de euros. Desde Jaén en Común proponemos que los 300.000 euros anuales que ahorrará el Ayuntamiento con el rescate de la gestión de la Tasa, se destine a la creación de empleo de calidad en Jaén.”

El PP empieza el año gastando “sin ton ni son”

Pero además – señala JeC – el equipo de gobierno del PP empieza el ejercicio con reparos de legalidad, es decir, tal y como terminó 2017, incumpliendo los parámetros impuestos por la legislación local aprobada por el propio Gobierno del Partido Popular, para empobrecer a los Ayuntamientos y desmantelar legalmente las haciendas locales. Así lo ha podido confirmar Jaén en Común tras la celebración de la Comisión de Hacienda de esta mañana. Manuel Montejo ha señalado que “se gasta sin ton ni son, sin seguir los procedimientos y sin aportar si quiera en tiempo y forma los documentos que se requieren para evaluar la cuantificación de los gastos”.

La primera comisión de hacienda del año, lleva reparos de legalidad en dos de los reconocimientos de crédito, en los que los servicios jurídicos municipales advierten de aspectos como los siguientes: reparos de legalidad por no haberse seguido la tramitación adecuada, retraso en la remisión de documentación e incumplimiento de los procedimientos y la no elaboración de informe por parte de la Tesorería Municipal que avale la adecuación del cálculo. A esto se añade – subraya JeC – el ya tradicional incumplimiento de las propias leyes aprobadas por el Partido Popular.

Reconocimientos extrajudiciales

Además, como señala la propia Intervención Municipal, citando al tribunal de Cuentas, se sigue utilizando un recurso excepcional, como son los reconocimientos extrajudiciales según esta formación, que «no solucionan el problema de fondo ya que supone aplicar parte del crédito de un ejercicio para reconocer compromisos adquiridos en ejercicios precedentes, por lo que a final de año permanecen obligaciones del año corriente que no pueden contraerse en el presupuesto, en parte porque los créditos se han utilizado para cubrir gastos de ejercicios anteriores…» En definitiva, un mecanismo mal utilizado y que perpetúa y aumenta la deuda municipal.

Desde que se elaboró el Plan de Ajuste Municipal en 2012, el Partido Popular municipal, con apoyo de los concejales no adscritos – antes de Ciudadanos- ha incumplido sistemáticamente con los objetivos acordados. Lo que demuestra que el citado Plan de Ajuste no era nada más que una herramienta fallida para darle a la gestión municipal apariencia de legalidad con las leyes de Montoro, que son incompatibles con el municipalismo porque están hechas para liquidarlo e imponer políticas de castigo a los ciudadanos y ciudadanas, además de imposible de cumplir por uno de los Ayuntamientos de España – como el de Jaén- donde el Partido Popular ha gobernado por un periodo más largo.