Una familia con dos niños será desahuciada por la Agencia de la Vivienda de Andalucía

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Carmen el pasado viernes en el pleno del ayuntamiento de Jaén.
Carmen el pasado viernes en el pleno del ayuntamiento de Jaén.
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JAÉN.- Una familia joven con dos hijos de 5 y 3 años respectivamente, ocuparon una vivienda en precario por necesidad en mayo de 2015, en el barrio del Polígono del Valle, en la Calle Santa María del Valle, 14 Bloque B, 2ºJ. Ambos se encuentran desempleados y no perciben ninguna prestación contributiva, por lo que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar cualquier tipo de contrato de arrendamiento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado de la vivienda y los requisitos solicitados por los arrendadores (fianzas, avalistas, nóminas…).

Desde mayo de 2016 que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía incoó el procedimiento de desalojo por ocupación y después de que la familia haya interpuesto un recurso de alzada en octubre, desestimado por la Junta, y haya presentado escritos, junto a la PAH, en noviembre mostrando su disposición a firmar un contrato de alquiler y en diciembre solicitando que se le adjudique excepcionalmente esta vivienda, según dispone la Instrucción del director general de AVRA, el director provincial de AVRA no ha respondido a las misivas y el desahucio administrativo sigue su curso.

“No entendemos que pudiendo emitir una resolución de excepcionalidad de adjudicación a una familia sin recursos, mediante el Registro de Demandante de Vivienda, en virtud del Reglamento de Viviendas Protegidas y según la Instrucción del Director General de AVRA  no haya solicitado todavía el informe de exclusión social al ayuntamiento de Jaén para poder emitir esa resolución”, indica Miguel Ángel Martínez Bellón, portavoz de la plataforma.

La Instrucción del Director General de AVRA de 30 de marzo de 2017 determina cuando acudir al contencioso administrativo o penal en el caso de las ocupaciones se establece “que ante la interposición de una denuncia de usurpación o el inicio de un procedimiento de administrativo de desahucio por ocupación ilegal se dará siempre traslado al Ayuntamiento donde radique la vivienda ocupada para que los mismo valoren a la unidad familiar. Y si, es necesario, debido a su estado de necesidad o riesgo de exclusión social, se establezca la correspondiente resolución de excepcionalidad de adjudicación mediante el Registro de Demandantes de Vivienda, en virtud de lo recogido en el artículo 13.2 del Reglamento de Vivienda Protegida”.

Se trata de un contencioso administrativo, según la citada Instrucción del Director General de AVRA, porque la vivienda protegida no se encuentra en proceso de adjudicación con propuesta de adjudicación, siendo víctima difusa de la ocupación la persona adjudicataria, que se ve así privada de ocupar la vivienda, que por otro lado tampoco se está realizando una adecuación física para que la familia adjudicataria acceda a la misma y que, por último, la  vivienda no tiene ningún titular legítimo por lo que la ocupación ilegal no está provocado un grave perjuicio al adjudicatario.

“Reconocido el hecho dentro de la jurisdicción administrativa y no penal en la citada Instrucción, el Director Provincial de AVRA de Jaén no puede eludir la exigencia contenida en la Instrucción del Director General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía que le obliga a trasladar la situación de esta familia al Ayuntamiento de Jaén a través del titular del Registro de Demandantes de Vivienda y de los Servicios Sociales Comunitarios y que le permite realizar una adjudicación excepcional, una vez que los Servicios Sociales Comunitarios valoren su estado de necesidad o riesgo de exclusión social”, insiste Martínez Bellón.

Por otro lado una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Bandrés, dictada el pasado 23 de noviembre por la Sección Tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo del Supremo establece la doctrina para todos los casos en los que el juez tenga que autorizar el desalojo por desahucio u ocupación de una casa con niños. La sentencia se ampara en la Ley de Protección Jurídica del Menor, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución para  determinar que, antes de autorizar el desalojo de una casa, el juez tiene que «asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores».

Esperan que se anule el desahucio

“Que se anule el desahucio hasta mejorar la situación económica de la familia o se encuentre alternativa habitacional. La administración competente, la Junta de Andalucía, tiene que asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores. Es una total desconsideración no tener en cuenta la situación de vulnerabilidad existente en el seno de esta familia” recuerda Martínez Bellón.

Este asunto lo conocen desde el día 11 de diciembre tanto AVRA, el Ayuntamiento de Jaén como el Patronato de Asuntos Sociales. La PAH de Jaén registró estas peticiones. Además solicitó que en el pleno de diciembre se debatiera el asunto como moción para implicar y coordinar a las dos administraciones competentes en la materia. Finalmente en el pleno municipal no se consideró la urgencia de esta propuesta realizada por la PAH. “No entendemos que el partido popular y los concejales no adscritos no consideren urgente el que una familia sea desahuciada y que sea, además, en el mes de diciembre. No entendemos que el PSOE se abstenga. Es urgente lo diga quien lo diga”, concluye Martínez Bellón.