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JAÉN.- El Grupo municipal de Jaén en Común ha registrado una proposición en la que exige al Ayuntamiento que estudie la legalidad en torno a la recaudación por parte de Aqualia de la tasa de basura y, si como entiende, no se ajusta a la ley, se inicie el proceso para recuperar la gestión y recaudación de estos ingresos públicos por parte del Ayuntamiento. Para Manuel Montejo “es fundamental que el Ayuntamiento asegure el control público y transparencia en todos los casos, porque la corrupción no está solo en la gestión privada. Un Ayuntamiento fuerte y con decisión para tomar las riendas de la ciudad debe, en primer lugar, asegurarse de controlar los impuestos de sus vecinos y destinarlos al uso debido.”

Jaén en Común (JeC) ha explicado que desde el año 1997 la empresa Aqualia realiza la gestión y recaudación de las dos tasas municipales más importantes del Ayuntamiento de Jaén: el agua y la basura, por las cuales recibe más de 13 millones de euros todos los años. En cuanto a la la tasa del agua, el grupo municipal ha señalado que los más de 9 millones de euros de dinero público, del impuesto que pagamos todos, ni siquiera pasan por las cuentas municipales, estando fuera del control del Ayuntamiento, por lo que no conocemos con exactitud ni la cantidad que se recauda ni el destino de ese dinero. Por otra parte, la tasa de recogida de basura, ahora que Diputación recauda la parte del tratamiento de la basura, es decir, el vertedero, supone unos 4,6 millones de euros anuales que pasan por las manos de Aqualia, empresa que no tiene nada que ver con el servicio de basura.

Manuel Montejo, portavoz municipal, ha señalado que se debe acabar con esta anomalía e irregularidad, ya que empezar a gestionar el dinero de todos y no cederlo a las multinacionales es la primera responsabilidad de un Ayuntamiento. Asimismo, ha indicado que recuperar la tasa de la basura es “parte de la defensa de lo público frente a un inmenso negocio, en manos de los mismos a los que se destina gran parte de los recursos municipales, mientras los vecinos de Jaén ven como no se atienden sus demandas y necesidades.Desde este punto de vista la situación actual supone una evidente cesión de soberanía y de recursos a una entidad privada, lo que erosiona el control municipal sobre sus recursos y la capacidad de velar por el interés público. De hecho, al respecto de la recaudación de las tasa por Aqualia, existen datos que indican una deficiente prestación del servicio, que contribuye a los problemas de liquidez y repercute en costes innecesarios, intereses y gastos financieros, que debe afrontar el Ayuntamiento.

Pero es que, además, JeC apunta que desde un punto de vista legal no es posible que una empresa actúe como recaudadora de una tasa de un servicio prestado por otra empresa, ya que supone una alteración del ejercicio de las funciones de recaudación, y la legislación señala claramente que la recaudación de la tasa de basura debe ser realizada por funcionarios de la administración, y también, en cualquier caso, la recaudación por la vía de apremio. Así, los ingresos deberían contabilizarse en el presupuesto del Ayuntamiento, y si estos ingresos son retribución de un concesionario, deberá procederse a su pago a través del presupuesto de gasto del ayuntamiento, pero nunca pasar por manos privadas, y menos tan opacas como las de Aqualia.

Montejo ha añadido que “es necesario avanzar hacia un modelo que asegure el derecho al agua, lo que se conseguirá cuando sea pública y se gestione mediante tarifas por tasas aprobadas exclusivamente por el Pleno de los Ayuntamientos y con ingresos y gastos reflejados en el presupuesto municipal. También se aseguraría así la diferencia de trato en caso de impagos por falta de medios económicos y patrimoniales. El impago de una tasa solo podrá exigirse por el procedimiento de apremio, que deberá pararse en caso de insolvencia probada, caso de los receptores de ayudas de emergencia social. Debemos evitar que una empresa privada pueda proceder a un corte tan vital como el agua ante un impago, ya que, como tasa, debería continuar prestando el servicio aunque no exista el pago”.