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JAÉN.- El alcalde en funciones, Miguel Contreras, ha dado a conocer los datos el anteproyecto del informe de fiscalización del Desarrollo Mantenimiento y Gestión del Sistema Tranviario. El Congreso diputados a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado que hay para seguimiento del Tribunal de Cuentas aprobó la realización de informe de fiscalización no sólo de sistema tranviario de la ciudad de Jaén, sino también del de Vélez Málaga y el de Parla. A finales de julio recibíamos en el Ayuntamiento el anteproyecto del informe de fiscalización, un anteproyecto que daba de plazo hasta el 12 de septiembre para presentar alegaciones.  El alcalde en funciones, Miguel Contreras, ha explicado este informe, en su punto número 20, aparece el coste neto total del tranvía hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a más de 128 millones de euros. Financiación que correspondió en un 85% a la Junta de Andalucía (109 millones), concretamente a Consejería competente a transporte y un 9% (11 millones) a la agencia de Obras Públicas de la Junta, un 6% (casi 8 millones) al Ayuntamiento de Jaén. “Se firmaron convenios, se adquirieron compromisos previos al estudio de viabilidad; el 30 de octubre de 2007 la Consejería de Obras Públicas encargó el proyecto de ejecución y es con posterioridad, cuando se pide el estudio de viabilidad. En consecuencia, la implantación del tranvía careció de la preparación necesaria anterior a las obras”. Contreras ha especificado que este informe también refleja que la alcaldesa, Carmen Peñalver, firmó convenios y protocolos con la intención de implantar el tranvía sin adoptarse acuerdos en el Pleno Municipal. Los compromisos que se estaban adquiriendo requerían, no sólo la firma de la alcaldesa, también la aprobación del Pleno porque el tranvía iba a tener un fuerte impacto en la ciudad. “Nunca el Pleno adoptó un acuerdo, esto fue un capricho socialista. Una vez más, vimos una total descoordinación entre la Junta y el Ayuntamiento”.

“Esa descoordinación y las prisas, porque el trazado (competencia de la Junta) y el material móvil (del Ayuntamiento) no era compatible, provocó que el coste fuera mayor porque hubo que volver a hacer obra en una infraestructura nueva”.  El alcalde en funciones ha añadido que otro de los puntos importantes del informe recalca la inexistencia de un estudio justificativo sobre la conveniencia de los terrenos donde se ubicaron las instalaciones de la Policía Local. “No se entiende porque se colocaron las cocheras del tranvía en Vaciacostales lo que provocó el traslado de la Policía. Lo que supuso un nuevo gasto del proyecto tranviario, en concreto 9 millones de euros». El Tribunal de Cuentas también detecta incidencias e irregularidades en estos expedientes y en la ejecución de las obras del traslado de las dependencias de la Policía. “Como ejemplo de estas irregularidades y desvíos de fondos, se pidió dinero a la Junta para adaptar algunos locales en los barrios para que allí pudiera instalarse determinados efectivos de la Policía Local, pero este informe revela que aquellos espacios no podían acoger a la Policía al ser pequeñas estancias de almacenaje”.

Contreras ha apuntado que en referencia a la adquisición del material móvil, el Ayuntamiento de Jaén asumiría ese coste. En este sentido el Tribunal de Cuentas manifiesta que durante la contratación, las ofertas no pueden ser condicionadas; “en cambio aquí, se admitió una oferta condicionada y en ningún se pensó en suprimir el contrato tal y como aparece en el pliego de condiciones. En definitiva, la Junta compró los vagones y luego le pasó la factura al Consistorio; movimientos marcados por las irregularidades. En ningún momento, hubo fondos europeos, eso es falso. No llegó dinero de Europa ni para la obra, ni para adquirir el material móvil”.

El Tribunal de Cuentas, en la página 71, dice, textualmente, el Ayuntamiento carecía durante el periodo durante el periodo fiscalizado de recursos suficientes para cubrir sus deudas vencidas y presenta una situación financiera que atendiendo al principio de estabilidad financiera permite deducir que la entidad difícilmente podía contar con financiación necesaria para los compromisos adquiridos; para poner en marcha el sistema tranviario.  “Por lo tanto, queda de manifiesto lo que siempre hemos dicho. Que no se le puede pedir al Ayuntamiento que gestione el sistema tranviario por la situación económica que hay, porque sería cerrar los servicios públicos. El Partido Socialista no es capaz de decirnos de dónde sacamos los 6 millones de euros que se necesitan para poner en marcha el tranvía. El Tribunal de Cuentas viene a ratificar lo que ya veníamos diciendo, no es posible por la situación poder sacar el tranvía a la calle; tampoco el Ayuntamiento pactó un acuerdo justificado en el año 2010 y aún así se llevó a cabo una obra que costó 128 millones; dinero que se podía haber invertido en una Ciudad Sanitaria o en acabar con la infra-vivienda de Jaén”.