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JAÉN.- Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, y que fuera uno de los dos candidatos a la presidencia provincial del PP ha comparecido, de nuevo, esta mañana, en la plaza  de los Jardinillos para hablar de la demanda que interpuso en los juzgados sobre el presunto «pucherazo» en las primarias del partido. Señala que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Civil Número 2 de Jaén. «Esperemos que nos de la razón y que anule todo el proceso congresual y se celebre uno nuevo ante todas las irregularidades que se han producido. Y que sea con limpieza y garantía», ha señalado ante los medios Moreno.  Con toda la documentación que se aporta y se aportará en la vista previa  se quiere que se conozca todo lo que ha ocurrido durante las semanas previas y el día de las votaciones de primarias dentro del Partido Popular de la provincia. «Tenemos la esperanza que se destape el fraude que ha habido durante el proceso», subraya Moreno. «Nos da la esperanza de que se van a juzgar los hechos y que un juez los conocerá y dictaminará a favor nuestro», aunque podría no ser suficiente para volver a celebrar un Congreso a no ser que el partido decidiese por voluntad propia, ante la sentencia judicial, que habría que repetirlo. «Estamos satisfechos de que se conozca todo lo ocurrido pero tristes por tener que llevar ante los tribunales, a unos compañeros del Partido Popular, por unos hechos fraudulentos, y queremos también que el Comité de Derechos y Garantías del PP-Andalucía decida ya».  De hecho ha apelado a que la nueva dirección provincial vuelva a convocar este Congreso pero con principios de igualdad, parcialidad y, sobre todo, limpieza democrática. De esta manera evitarían «una fractura dentro del partido provincial que lo están hundiendo. No es un calentón de un día. Se ha hecho mucho daño a muchos afiliados y eso no se olvida fácilmente. Por eso hay que convocar una gestora ya». Y concluye señalando que el anterior presidente del PP provincia y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya necesita un expediente disciplinario urgente porque públicamente ha dicho que no va a asumir ni acatar las resoluciones del Comité de Derechos y Garantías ni el reglamento ni la ley.