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JAÉN.- Agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía han localizados dos camiones estacionados en un parking público municipal de Torredelcampo que servían como almacenaje itinerante de residuos tóxicos y peligrosos. Esta actuación se deriva de otra realizada en diciembre de 2014 cuando también agentes de la Policía adscrita a la Junta, en concreto del área de Medio Ambiente, localizaron, en la misma localidad de Torredelcampo, una nave industrial de almacenamiento y explotación de residuos tóxicos peligrosos gestionada por una empresa sin autorización para ello, por lo que fue precintada.  Atendiendo a estos antecedentes y una vez identificado uno de los camiones pertenecientes a la citada empresa, que aún se encuentra a la espera de una resolución judicial y con varios expedientes sancionadores abiertos en la Delegación Territorial de Medio Ambiente, la Policía adscrita a la Junta puso en marcha un dispositivo de seguimiento ante posibles nuevas irregularidades que pudieran ser objeto de sanción.

Así, el servicio de vigilancia ha constatado que el parking municipal ha sido utilizado como lugar de almacenaje de los residuos tóxicos peligrosos, que iban siendo recepcionados durante su recorrido hasta que quedara completada una carga, lo suficiente importante para que fuera rentable desplazarlos hasta el punto final de reciclado.   Tras toda esta investigación se ha determinado que la empresa que estaba almacenando, gestionando y explotando este tipo de residuos no tenía autorización administrativa para llevarlo a cabo, ni un lugar habilitado para su almacenamiento, efectuándolo de manera clandestina y contraviniendo varios preceptos de la normativa de residuos y suelos contaminados, así como el Decreto de Residuos de Andalucía.

En la inspección del camión cisterna se detectó cerca de 8.000 litros de aceite de motor usado, mientras que otro vehículo se encontraba cargado con bidones de aceite de motor usado, recogido en su recorrido, y varios contenedores cargados con baterías usadas (unas 1.500).  Los agentes de la Policía adscrita a la Junta han podido constatar que esta actividad ilícita conllevaba un riesgo muy elevado para la población, ya que en caso de incendio fortuito o provocado, podría haber producido una grave situación de emergencias, con graves daños materiales y/o personales – al encontrarse muy próximos a otros vehículos y viviendas-, además de la posible contaminación ambiental. Por todo ello se ha procedido al levantamiento de las correspondientes actas de propuesta de sanción por varias infracciones muy graves, que pueden conllevar a dicha empresa a sanciones que pueden superar los 1,2 millones de euros. Además también se podría incurrir en responsabilidad penal, hecho que ha motivado la instrucción de diligencias policiales que han sido remitidas a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente para su valoración e instrucción.