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JAÉN.- Miembros de la Plataforma Antidesahucio han acompañado hoy a la familia de Huelma a la que el Banco Popular le ha comunicado la suspensión temporal “en ningún caso, superior a 3 meses” del desalojo de la vivienda. Junto con vecinos y familiares, han exigido  a la entidad que por responsabilidad social ceda el uso de esta vivienda al ayuntamiento de Huelma, declarado municipio libre de desahucios, para que pueda ser adjudicada a familias vulnerables como la de Tamara y Sergio, según los criterios contemplados en las ordenanzas municipales elaboradas para tales fines. “Con la ley en la mano los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento pueden adjudicar el uso de viviendas como las que tiene el Banco Popular en  la localidad de Huelma, si éste cede su uso, a familias vulnerables, familias que viven por debajo del umbral de la pobreza y que no pueden acceder a este derecho sino es bajo la tutela del  Consistorio y con la responsabilidad social de las entidades que tienen viviendas vacías y abandonadas, en muchos casos en este país que son los bancos, y entre ellos esta entidad. Para ello solo necesitamos que el banco ceda el uso de la misma al ayuntamiento de  Huelma,” explica la portavoz de la PAH, Ana Cárdenas.

Son varias veces las que el Banco Popular reitera en el escrito remitido a la familia de Sergio y Tamara “la especial sensibilidad que mantiene respecto de todas las cuestiones sociales relacionadas con la vivienda y su continua disposición al diálogo”. En este sentido, si estas actitudes permanecen inalteradas, entendemos  desde la PAH que no es un principio irrenunciable negar ahora la cesión de uso de esta vivienda al Ayuntamiento. “El Banco Popular demostraría esa sensibilidad social y su colaboración en la creación de un parque municipal de vivienda social que le permita al Ayuntamiento hacer políticas de vivienda y a su vez demostraría su capacidad de diálogo concretando una reunión con la PAH en donde se asigne un interlocutor para los casos de ocupaciones por parte de familias vulnerables. Tamara y Sergio no son parte de ninguna mafia que especule con viviendas vacías. Es una familia sin trabajo, sin ingresos y con tres menores a su cargo. Una familia que recuperó una vivienda vacía y abandonada, que la rehabilitó y que le dio vida, facilitando su proyecto vital. Estas personas se merecen un alquiler social que el banco unilateralmente les deniega ”, insiste Cárdenas.

Desde la PAH entendemos que la ocupación de una casa vacía no constituye un delito si el propietario de la misma la tiene en estado de abandono y no ejerce una posesión social sobre el inmueble. En este caso la vivienda se pasó más de un año vacía. “No podemos permitir que Sergio y Tamara sean desahuciados en tres meses y esta vivienda no tenga ningún uso social. No deberíamos dejar que se permitan el riesgo de que la vivienda pueda volver a ser ocupada. En otros países, Holanda, por ejemplo la vivienda es devuelta al propietario si demuestra que no volverá a estar vacía y si no la alquilan  se arriesgan a que las ocupen y que no puedan echarlos. En Dinamarca se imponen multas a los propietarios con viviendas vacías durante más de 6 meses. Sin embargo en España se desahucia, se queda la vivienda vacía y abandonada, no se afrontan pagos de comunidad, IBI…  y no pasa nada”, informa la portavoz de la PAH.