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JAÉN.- El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y Jaén en Común presentarán el jueves una moción al pleno del Ayuntamiento en la que se solicita al Gobierno español que se abra un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, para la elaboración de un nuevo texto que regule la Seguridad Ciudadana. En esta propuesta se pide la elaboración de una Ley de Amnistía Social que incluya, entre otros, a todas las personas sancionadas y condenadas por la defensa de sus derechos sociales, sindicales y políticos. “Por las libertades públicas y la defensa de los derechos sociales: hacia una amnistía social”. Así se llama la moción de JeC presentada conjuntamente con el SAT, a propósito de la situación en la que se encuentra el concejal, Andrés Bódalo, y su posible entrada en prisión de forma inminente. La propuesta relata las diversas reformas que el Gobierno ha impulsado y que tienen como denominador común un retroceso significativo en materia de orden público. Dichas modificaciones legales, tanto penales como administrativas, suponen una restricción de las libertades sin precedentes en toda la etapa democrática, afectando especialmente al derecho de manifestación, al derecho de reunión, a la libertad de expresión, al derecho a la información, al derecho a la libertad personal y al derecho de huelga.

El Gobierno del PP – subraya la nota- ha aprobado sin ningún tipo de consenso una Ley de Seguridad Ciudadana, sustituta de la ya criticable ley del 92. Este texto, junto con las reformas recientes del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, suponen un esfuerzodesde el poder político, por incrementar la respuesta penal y sancionadora y establecer un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones, creando los instrumentos gubernamentales para imposibilitar y restringir derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que nuestra Carta Magna consagra como derechos fundamentales.

Para Manuel Montejo “No existen problemas sociales de seguridad que justifiquen estas modificaciones legales. La realidad es que la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana surgen en un contexto de evidentes tensiones sociales. Y resulta imposible no relacionar estas iniciativas con el malestar social existente ante la precarización de las relaciones laborales y el incremento del desempleo, así como ante los recortes en sanidad, educación, justicia o prestaciones sociales”.

Por todo ello, JeC pedirá al Gobierno la elaboración de una Ley de Amnistía Social que incluya, entre otros, a todas las personas sancionadas y condenadas por la defensa de sus derechos sociales, sindicales y políticos y que se muestre el compromiso del Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones de velar por la seguridad y las libertades públicas y los derechos democráticos, siempre de forma coordinada con las autoridades competentes, y mostrar nuestro rechazo a que los funcionarios públicos de los cuerpos policiales sean instrumentalizados como elementos de represión de la protesta social. Además, se pedirá al Pleno que se inste al Gobierno de la Nación a la derogación íntegra e inmediata de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Reforma del nuevo Código Penal y la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, exige un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados para la elaboración de un nuevo texto que regule la Seguridad Ciudadana, para la reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello con el objetivo de reformar con carácter integral aquellos aspectos relacionados con la seguridad.

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