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JAÉN.-  Más de 300 personas han participado hoy en los actos organizados con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entre los que ha destacado la segunda Marcha que ha recorrido el Paseo de la Estación y que ha culminado con una actividad en el IES ‘Santa Catalina’ de la capital jiennense, en la que han participado diferentes colectivos sociales, con la asistencia de las delegada territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, y Educación, Yolanda Caballero, junto a la diputada del Área de Igualdad de la Diputación Provincial, María Eugenia Valdivielso.

“El lema de este encuentro es ‘Haz conciencia, no diferencia’, a través del que desde la Junta de Andalucía queremos dejar patente el compromiso con las personas con discapacidad y sus familias”, ha destacado Vega. El amplio programa de actividades ha contado con animación sociocultural a través de alumnos del IES ‘Jabalcuz’ y ‘Auringis’ a través de un flash movie durante la marcha, para continuar con la lectura de un manifiesto por parte de todas las entidades participantes, así como visionado de vídeos, lecturas poéticas, bailes, así como diversas intervenciones artísticas. Junto a ello, el IES ‘Santa Catalina’ volverá a ser sede de mesas informativas y mercadillos de productos elaborados por las diversas entidades que participan en este encuentro.

“En Jaén hay más de 40.455 personas con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, lo que supone un 7% de las personas con discapacidad reconocida en Andalucía, de las que el 53,1% son hombres y el 46,8% mujeres” ha destacado Teresa Vega. En la provincia existen 3.785 personas titulares de la tarjeta de aparcamiento que les permite el uso de los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida, de los que el 54% son hombres y el 46% mujeres.  Igualmente, hasta el 31 de octubre de este año, el centro de valoración ha realizado 3.367 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, lo que ha supuesto un descenso con relación a la misma fecha de 2013 del 6%. De todos los expedientes resueltos el 16% ha obtenido un grado de discapacidad entre el 75 y 100%, el 20% su grado se ha situado entre el 65% y 74%; el 63% ha obtenido un grado entre el 33% y 64% y el 31%.

En cuanto a asistencial residencial, la provincia cuenta con 612 plazas concertadas en centros para personas con discapacidad, en un total de 28 centros residenciales, entre residencias de gravemente afectados psíquicos y físicos, adultos, viviendas tutelas y casas hogares. Igualmente las personas que lo necesitan reciben asistencia en nueve unidades de estancia diurna en 106 plazas concertadas, además de las 573 conveniadas en las 28 unidades de estancia diurna con terapia ocupacional. Por su parte, la delegada de Educación ha señalado que el Gobierno andaluz realiza un trabajo intenso para que la discapacidad se asuma en el sistema educativo público como una capacidad diferente. “El alumnado con necesidades educativas especiales debe tenerse en cuenta por sus capacidades para ser depositario, también, del éxito escolar”, ha remarcado.

Para ello, Yolanda Caballero ha indicado que la Consejería de Educación cuenta con una gran plantilla de profesionales como los maestros de Audición y Lenguaje o los especialistas en Pedagogía Terapéutica gracias a los que se desarrolla una labor esencial de integración en las aulas ordinarias. “No trabajamos sólo con aquellos alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, trabajamos con sus compañeros y compañeras para que la integración forme parte de la normalidad y que la diferencia permita enriquecerse a estos con el objetivo de ser mejores personas”, ha resaltado.

El Consejo de Gobierno inició los trámites para la elaboración de esta norma, que sustituye a la vigente desde 1999 y establece con carácter general cláusulas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad en las contrataciones públicas. “La futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales”, ha señalado Vega.

La Junta de Andalucía reservará el 5% de sus contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a los centros especiales de empleo, empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad. Esta es una de las principales medidas recogidas en el anteproyecto de ley que reforzará los derechos sociales de este colectivo. La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43%, y a reservarle un 3% de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. A la vigente reserva del 7% de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico. Entre los derechos regulados en la nueva normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.

La nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad obligará a regular por decreto en el plazo máximo de un año la atención temprana infantil para menores de seis años. De este modo, se garantizará la respuesta integral a las necesidades de esta población con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos. En el mismo plazo se tendrá que formular el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía. La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.

En lo que respecta al acceso a la vivienda, se especifica una reserva del 4% en las promociones protegidas para el colectivo de personas con discapacidad. Además, el anteproyecto señala la posibilidad de que estos hogares se diseñen sin distribución en su interior, de manera que sean los adjudicatarios los que los adecuen según sus necesidades. Por otra parte, la futura ley también obligará a fomentar y regular el diseño de viviendas convertibles, que en cualquier momento pueden adaptarse para las personas con distintas capacidades o funcionalidades. En materia de educación, se prohíbe que los centros docentes públicos o privados denieguen el acceso a sus servicios o actividades por motivo de discapacidad al alumnado o demás miembros de la comunidad educativa. El texto normativo, que aboga por un sistema inclusivo, permanente y de calidad, recoge la obligación de las universidades andaluzas de elaborar un censo específico de alumnos discapacitados y de aprobar un plan especial de accesibilidad a instalaciones y a la información y comunicación.

En lo que respecta a la movilidad, se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo, algo demandado por el propio sector. El anteproyecto de ley fija además que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, se regulará el uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de las personas con discapacidad, incluidos los de invidentes. Otra de las novedades del texto es que establece la obligación expresa de desarrollar, por vía reglamentaria, la asistencia personal y la promoción de programas para aquellos que opten por un modo de vida independiente. En este sentido destaca que si las plazas de los alojamientos accesibles de uso residencial público (tales como hoteles, residencias de estudiantes o albergues) o los espacios adaptados y reservados para personas con discapacidad en espectáculos públicos, como teatros o auditorios, se ubican en las zonas más caras, deberán ofrecerse al precio más bajo.

Para favorecer la accesibilidad universal, la ley fijará la obligación de que la Junta regule condiciones de accesibilidad y no discriminación, no sólo respecto a vías públicas, edificaciones o transportes, sino también a bienes y servicios, a espacios naturales y a instalaciones temporales para la realización de espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales y sociales. Asimismo, los centros directivos de la Administración deberán establecer ayudas para financiar ajustes en materia de accesibilidad universal (rampas, elevadores o pictogramas).

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