Publicidad

JAÉN.- El pleno que la Administración provincial celebrará mañana incluye como uno de sus puntos destacados la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SPGR) de la Diputación, una medida con la que, como explica la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, “de nuevo pretendemos hacer posible que la ciudadanía pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, y para ello mejoramos las condiciones para aquellas personas y familias que tienen especiales dificultades económicas y que de este modo pueden beneficiarse de esta iniciativa y cumplir con sus deberes en materia de impuestos locales”.

Pilar Parra recuerda que en los últimos años, y en esta misma dirección, ya se han adoptado otras iniciativas “que demuestran la cercanía y la sensibilidad que tiene la Diputación con las necesidades del ciudadano”, caso del fraccionamiento del pago hasta en 4 mensualidades del Impuesto de Bienes Inmuebles o el de Vehículos de Tracción Mecánica. En esta línea se presenta ahora esta nueva propuesta, que se abordará en el pleno que tendrá lugar mañana, en el que “daremos un paso más modificando la ordenanza en el articulado que afecta a aplazamientos o fraccionamientos de deudas”.

Así, en función de la cuantía de la deuda, el plazo máximo de aplazamiento va a pasar de los 18 meses anteriormente establecidos a los 24 meses, y para los fraccionamientos de deudas el número máximo de plazos pasa a ser de 36 meses y desaparece la necesidad de aportar garantía para todas las solicitudes con importe inferior a 24.000 euros. Además, se elimina la liquidación de intereses de demora para las cantidades inferiores a 6.000 euros.   Además de este punto, en el orden del día del pleno de mañana figuran como cuestiones de interés las dos mociones presentadas por el equipo de Gobierno, “una solicitando una Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Jaén y otra exigiendo que se garantice el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil”, según detalla Parra.

Respecto a la primera proposición, la vicepresidenta de la Diputación subraya que “siendo conscientes de la existencia de factores y problemas estructurales de nuestra provincia, que tiene infraestructuras de comunicación empantanadas, alarmantes tasas de paro y pérdida en la densidad empresarial, que dificultan la convergencia de la provincia jiennense con las de mayor nivel de desarrollo”, ahora que la situación “se ha agravado por la prolongada duración de la crisis, pedimos una vez más al Gobierno de España, gobernado por un Partido Popular que nos tiene abandonados, que se comprometa con esta provincia –al igual que ha hecho con la ITI Azul, o Estrategia Atlántica, la ITI del Mar Menor en Murcia, la ITI de Extremadura o la de Cádiz–, concediéndonos una Inversión Territorial Integrada, que se construye a través de fondos europeos para los próximos 7 años y que se puede cuantificar en más de 1.200 millones de euros”.

Pilar Parra, que pone como ejemplo lo que ya ocurrió en el periodo 2006-2009 con ActivaJaén, “cuando el Gobierno de España aprobó medidas de discriminación positiva para la provincia de Jaén”, explica que “esta petición la vamos a cursar a través de la Junta de Andalucía, que también ha de comprometerse a su cofinanciación, ofreciéndose esta Diputación para poner en marcha la Oficina de Información y Soporte de la ITI de Jaén”.

La segunda moción que el equipo de Gobierno presentará en la sesión plenaria de mañana se refiere al Registro Civil, para el que, “al igual que la mayoría de los ciudadanos de este país, exigimos que se garantice su carácter público, universal y gratuito”, según resalta Parra, quien critica que “el Partido Popular quiere privatizarlo”. “Por eso pedimos que se retire de su tramitación parlamentaria el proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la administración de Justicia y del Registro Civil, así como poner en vigor la Ley 20/2011 del Registro Civil, que vendría a dar un servicio público de calidad a los ciudadanos y seguridad a los funcionarios públicos afectados”, concluye la vicepresidenta de la Diputación.