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JAÉN.- El sindicato CCOO, ante la decisión del Gobierno de privatizar los Registros Civiles, ha llevado a cabo hoy una concentración en el Palacio de Justicia de Jaén para mostrar su oposición a la privatización de registros civiles e iniciar la recogida de firmas para promover una ILP que evite que el próximo día 15 de Julio, los 8.122 Registros Civiles de toda España pasen a manos de 100 Registradores. Según Manuela Torres, responsable del sector de Justicia de CCOO Jaén, “la privatización de los registros civiles supondrá pagar un servicio que ahora es gratuito y de los mejores valorados por los usuarios, según los datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios”. Además esta privatización traerá consigo  la pérdida de unos 50 puestos de trabajo en nuestra provincia y 5.100 en toda España.

“Pretender que las ciudadanía asuma el coste del enriquecimiento de un colectivo minoritario y privilegiado como son los Registradores es una absoluta barbaridad”, indica Torres.  Según la sindicalista, solamente por las 400 nacionalidades que se tramitan al año en el Registro Civil de la capital -con un arancel de 100 euros- y unas 650 certificaciones  -con un arancel de 23 euros-, estamos hablando de que estos “señores” se embolsarían unos 415.000 euros, y a todo esto habría que sumar el resto de expedientes y lo tramitado por el resto de registros civiles de la provincia, ya que todo pasaría al Registro Mercantil de Jaén. Además, «no hay que dejar de mencionar que el expediente más demandado en los registros es el de nacionalidad y la población inmigrante en nuestro país ha pasado de 923.000 personal en el año 2000 a 5.711.000 en el año 2012, es decir se ha sextuplicado, mientras que la plantilla de funcionarios de la dirección General de los Registros y del Notariado es la misma, setenta personas”.

Manuela Torres, manifiesta que “el objetivo que tiene el sindicato es recoger 500.000 firmas con esta ILP y poder detener así la privatización de los Registros Civiles, a la vez que se consiga su mantenimiento como servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por funcionarios públicos”, y para ello pide la colaboración no sólo de los trabajadores y trabajadoras del sector de la justicia sino de toda la población de Jaén, porque es algo que nos afecta a todos y todas.