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JAÉN.-  El PSOE ha constatado que el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, pagará a una empresa privada 216.000 euros por gestionar las multas de tráfico, con lo que la recaudación caerá hasta los 900.000 euros anuales, un 40% menos con respecto a lo que el Ayuntamiento ingresaba con la Diputación provincial.

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Matilde Cruz, señala que una resolución firmada el pasado 9 de febrero por Fernández de Moya prevé una recaudación definitiva por esta sanción que no llega al millón de euros, 600.000 menos que lo que la Diputación entregaba al alcalde anualmente. Y ello, a falta de acometer gastos extraordinarios para instalar la plataforma informática que se necesita para su tramitación.

“Es más de medio millón que se pierde por la privatización de algo que funcionaba bien en manos públicas, que si se suma a lo que Fernández de Moya va a pagar a la empresa supone hablar de una partida de 820.000 euros menos que entra al Ayuntamiento, dinero con el que un Consistorio arruinado por la gestión del PP podía hacer políticas sociales y para barrios”.

Matilde Cruz se pregunta dónde está la ventaja económica que veía Fernández de Moya privatizando el servicio y abandonado el convenio con la Diputación, lo que ratifica que a al alcalde una capital no le importa perder dinero de y para los jiennenses “solo por bilis política hacia una administración pública que está gobernada por el PSOE. Prefiere quedarse ciego con tal de meterle el dedo en el ojo a la Diputación”, señala.

Asimismo, la resolución del alcalde por la que se inicia en pleno mes de febrero la tramitación para la privatización del servicio prueba que, desde el 2 de diciembre, fecha en que expiró el convenio con la Diputación, no se están tramitando las multas, “lo que deja una sensación de impunidad porque las sanciones están en tierra de nadie”, dice Cruz.

Para colmo, un error del alcalde en la publicación el pasado 3 de febrero en el Boletín de la Provincia (BOP) del acuerdo plenario para el uso de datos personales ha sido advertido y subsanado casi un mes más tarde (BOP 27 de Febrero). Con ello, se produce un nuevo retraso en el procedimiento. La edil explica que sin sistema informático para gestión y notificación, sin funcionario nombrado para la tramitación de las multas que se pasan para su gestión a la empresa que aún no está nombrada y con los errores administrativos de De Moya en este asunto, al menos quedan aún unos cuantos meses por delante para que el sistema funcione. “Para ese entonces, muchas de las multas habrán prescrito”. De hecho, la concejal indica que las sanciones leves ya lo están haciendo por haber transcurrido los 3 meses que la ley indica para la caducidad de estas multas.

Por último, la resolución muestra que la empresa con la que el PP privatiza un servicio más del Ayuntamiento se encargará también de tramitar las multas de la ORA (zona azul), que a día de hoy es un servicio sobre el que pesa “un marrón más” fruto de la “desastrosa gestión de De Moya”, señala Cruz. Con ello hace referencia a que de la gestión de esta zona de estacionamiento iba a hacerse cargo la Empresa Pública de Aparcamientos, Epassa, que en los próximos meses ha de ser liquidada según lo que marca la reforma de la Ley de Administración Local aprobada por el Gobierno de Rajoy. Los controladores de este servicio, pertenecientes a la que hasta ahora era la empresa concesionaria, esperan desde noviembre de 2014 con contratos renovados mensualmente a que se decida cuál es su futuro.